Subsidian consumidores a la industria automotriz
30 agosto 2012. Hace unos días la industria automotriz en México lanzó un grito de alarma, estridente y desproporcionado, al afirmar que la norma de eficiencia vehicular en vías de aprobación “incrementará el precio de los automóviles de $35,000 a $200,000 pesos”. Este esfuerzo por desinformar a la población es la culminación de lo que ese sector ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, asegurando en foros públicos y en conversaciones privadas con autoridades que promover la eficiencia automotriz es un peligro para México.
Aglutinadas en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las empresas del sector han pasado de la presión política al chantaje y la mentira.
Estimaciones de costos, realizadas por el Centro de Transporte Sustentable con la metodología de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, indican que sí habría un incremento en el costo por vehículo, pero éste no sería mayor de $800 dólares (alrededor de $10,000 pesos). Y nada indica que este monto tenga que ser pagado forzosamente por el comprador.
Es más probable que la industria deba sacrificar una parte del sobreprecio que le impone al comprador mexicano a través de accesorios no solicitados. El análisis del Centro Mario Molina indica que el consumidor mexicano paga un incremento de 26% sobre el precio base de cada vehículo. Esto es, mientras en otros países el comprador decide si quiere su auto austero o pide que se agreguen algunos elementos, en México no hay consulta y éstos son añadidos al vehículo incrementando los precios para beneplácito de las casas matrices de las armadoras.
Este no es un dato menor. Significa que quien compra un automóvil de $140,000 pesos podría estar pagando más de $30,000 pesos por accesorios no solicitados; pero si es de $400,000 pesos, el sobreprecio es de alrededor de $100,000 pesos. A mayor costo del vehículo mayor margen de ganancia, de ahí que nueve de cada 10 anuncios publicitarios promuevan los vehículos más caros: autos de lujo y camionetas pick up y SUV.
Otro aspecto fundamental, y que es el centro de la inquietud de la industria, es que los vehículos más caros tiene un bajo rendimiento en kilómetros por litro de combustible. Esto repercute en lo que desembolsa cada año el automovilista por compra de gasolina. En un auto de bajo rendimiento, el gasto asciende hasta $40,000 pesos; en cambio, un vehículo que rinde más de 17 kilómetros por litro implica un gasto por debajo de los $10,000 pesos.
Esta ventaja del alto rendimiento se convertiría en una regla con la norma de eficiencia vehicular. De hecho, se estima que dicha norma permitirá al comprador de autos eficientes tener un ahorro de $46,000 pesos a lo largo de la vida útil del vehículo. Esto significa el final de la fiesta de la desregulación para la industria automotriz y la obligaría a vender automóviles cada vez más eficientes, restringiendo el amplio margen especulativo de la comercialización de los vehículos. Sobre todo, obligaría a las armadoras a competir realmente ofreciendo mejores vehículos, cosa que actualmente no hacen en México.
La AMIA dice que la norma de eficiencia podría en riesgo al mercado mexicano, pero en realidad lo fortalecería. Europa y Japón, los dos mercados más avanzados en materia de eficiencia, han demostrado durante más de una década que una estrategia clara en mejora de rendimiento y reducción de emisiones contaminantes permite a las armadoras y a los consumidores perfilar una nueva dimensión del mercado. El resultado es que el mercado europeo y el nipón están entre los más vigorosos del mundo (en producción y consumo), y tienen un promedio de eficiencia de los autos nuevos que supera en 40% a su inmediato seguidor, China, y en 60% al mercado estadounidense.
Los gobiernos que han desarrollado normas de eficiencia automotriz han buscado un propósito principal: elevar la competitividad. Y en efecto, donde no existe esta norma –como ha sido el caso de México– el mercado automotriz se desarrolla de manera caótica, con una influencia perniciosa de la mercadotecnia.
Otra deformación para un mercado desregulado se observa a mediados de año, con la promoción de autos “del año”. Esto busca reducir inventarios no sólo nacionales sino globales. Las armadoras desplazan los sobrantes ineficientes de sus flotas hacia mercados carentes de una norma de eficiencia vehicular, como el mexicano. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2010, Ford solicitó un crédito del EximBank estadounidense para exportar hacia México una remesa de 200,000 vehículos medianos y pesados que sabía que no lograría vender en Estados Unidos.
Esta situación, por un lado, condena a los mercados no regulados a padecer problemas crecientes de contaminación, con los consecuentes daños a la salud. Por otro lado, vulnera la economía local ya que propicia un incremento constante en la importación de gasolinas, como ha ocurrido en nuestro país. Según datos de Pemex, México incrementó 400% el gasto en este rubro entre 2005 y 2009, recursos que han limitado la inversión en programas de beneficio social.
En contraparte, estimaciones del Instituto Nacional de Ecología indican que el establecimiento de una norma de eficiencia vehicular permitiría reducir en 28% las importaciones de gasolinas, un porcentaje superior al que se abatirá con una nueva refinería. Es por ello, y por el ínfimo gasto que representaría su puesta en marcha, que esta normatividad es la medida con mejor costo-beneficio para disminuir emisiones contaminantes.
La AMIA lo sabe, pero está decidida a defender su nicho de ganancias. No defiende a la industria instalada en México (pues la mayor parte de su producción es exportada), no defiende el empleo (el ITDP reporta que Estados Unidos aumentó 155,000 fuentes de trabajo al poner en vigor una norma de eficiencia), no defiende el mercado mexicano que en el último bienio se ha orientado hacia los vehículos más eficientes mientras la mercadotecnia empuja en sentido opuesto.
Lo que las empresas automotrices están defendiendo es el alto margen de ganancias que les reporta un mercado desregulado, donde las finanzas públicas y las billeteras de los consumidores subsidian la producción más ineficiente de esa industria. Y no faltarán funcionarios de la Secretaría de Economía que antepongan los intereses de las empresas armadoras a los de la nación. Las empresas lo saben, por eso ejercen con toda su fuerza la presión política y financiera, intentando aplicar el refrán: “El que no llora, no mama”, aunque tenga que convertir al mercado mexicano y a las finanzas públicas en una nodriza famélica.
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Artículo de Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor, con la colaboración de Gerardo Moncada, publicado en EmeEquis > ir
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