Los consumidores frente al cambio climático
Ponencia de Alejandro Calvillo,
director de El Poder del Consumidor,
en el Foro México hacia el 2020:
Cambio Climático y Transición Energética,
que se realizó en 10 de septiembre de 2009 en la Ciudad de México.
El consenso internacional advierte que los patrones de producción energética predominantes a escala global, así como los patrones de consumo de energía, no son sustentables. Por ello, es urgente iniciar una transición energética. Sin embargo, la atención suele enfocarse en los aspectos puramente tecnológicos, como si éstos fueran ajenos al contexto sociocultural. El modelo de consumo predominante a escala internacional, impuesto principalmente por los Estados Unidos a través de los medios de comunicación y del mercado, es un modelo de consumo intensivo, de hiperconsumo de energía, el cual no puede ser sostenido por las energías renovables. Sin duda, el cambio climático no puede ser enfrentado sin un cambio de fondo en los hábitos de consumo y para ello se requiere la intervención del Estado como entidad reguladora.
Los consumidores en las naciones desarrolladas están profundamente preocupados por el cambio climático y esta inquietud comienza a crecer en forma acelerada en las naciones llamadas en desarrollo. Sin embargo, en las encuestas realizadas en varias naciones se observa una respuesta común: los consumidores se manifiestan confundidos ya que no encuentran alternativas viables y efectivas para combatir el cambio climático, sintiendo que lo que ellos pueden hacer como consumidores carece de sentido frente a la falta de acción gubernamental.
Los marcos reguladores, las normas y los programas
Los actuales patrones de consumo tienen un enorme potencial para reducir el impacto del cambio climático, y muchos consumidores lo reconocen. Sin embargo, no encontramos en el Programa Especial para el Cambo Climático, ni en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y su reglamento, las herramientas efectivas que permitan a los consumidores y usuarios modificar sus hábitos de consumo, hacer un uso más eficiente de la energía y acceder a energías renovables, entre otras medidas necesarias para la transición energética.
Existen seis niveles en los cuáles se requieren marcos regulatorios y la intervención de programas por parte del Estado:
1. El modelo de hiperconsumo, al que podemos llamar “estadounidense”, significa un derroche enorme de recursos. Detrás de cada uno de estos recursos existe un gran consumo energético. El modelo debe cambiar y las regulaciones y políticas públicas deben estar encaminadas a ello. Un ejemplo: los automóviles representan uno de los desarrollos tecnológicos y de modelo de consumo que más daño ha hecho al medio ambiente y a las ciudades. La planificación urbana y las políticas de transporte deben establecer las normatividades que den prioridad al transporte público sobre el privado. Carriles preferenciales, áreas libres de automóviles, zonas peatonales, impuestos a los combustibles para los autos particulares que sean utilizados en el transporte público, etc. Una política que puede y debe ser construida para enfrentar el modelo de hiperconsumo asociado al automóvil. Una parte importante de los usuarios de automóvil están dispuestos a dejar su vehículo con regularidad si existen opciones eficientes y seguras de transporte público. El mejor ejemplo es el Metrobús que ha atraído a un alto porcentaje de propietarios de automóvil. El problema es que su éxito puede convertirse en su fracaso, pues la demanda de este servicio ha aumentado de manera significativa, saturando este transporte que carece de rutas paralelas. El Metrobús es un sistema desarrollado en el Sur y que ha sido trasladado al Norte. Deben existir marcos reguladores y facilidades de financiamiento para privilegiar los tipos de transporte y de organización vial más eficientes para atender la demanda de pasajeros/hora/sentido y otras variables técnicas.
2. La eficiencia en el consumo energético. Los consumidores están interesados en reducir su consumo de electricidad cuando hay opciones viables de equipos más eficientes. El proyecto ILUMEX, realizado en el norte del país y uno de los pioneros a escala internacional en la introducción de focos eficientes, mostró el camino. Para los usuarios del servicio eléctrico resulta muy caro cambiar los focos incandescentes por los más eficientes. Sin embargo, cuando la empresa eléctrica ofrece estos focos a crédito y su cobro se realiza a través de la factura por gasto de electricidad, el consumidor puede acceder al cambio. Otro ejemplo con beneficio a los usuarios es la implementación de una norma de eficiencia para los automóviles que se comercializan en México para llevarlos a los mayores estándares internacionales. Para los usuarios del automóvil esto les brinda un beneficio económico al contar con vehículos que dan más kilómetros por litro. Esta es la única medida específica que aparece en el Programa Especial de Cambio Climático.
3. El acceso a energías renovables. Si los consumidores pudieran decidir entre usar electricidad que proviene de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático o energía eléctrica que proviene de fuentes renovables, escogerían las renovables. El único inconveniente es el precio mayor de las renovables, aunque la tendencia apunta a igualar los precios. Además, el cambio climático es la demostración más palpable de que los precios de los combustibles fósiles nunca han incorporado sus externalidades, es decir, los daños que genera su consumo. Si éstos fueran tomados en cuenta, las energías renovables serían, por mucho, más económicas. Un ejemplo de normatividad que en este momento permitiría a los consumidores mexicanos disminuir su consumo de combustibles fósiles y acceder a las energías renovables es a través de los sistemas de calentamiento de agua a partir de la energía solar. Por ejemplo, una norma podría exigir que toda nueva construcción cuente con estos equipos, apoyada con programas de introducción de los equipos a crédito. Así, los consumidores verían una recuperación de la inversión en un periodo de alrededor de 4 años, por el ahorro en consumo de gas, y una sustancial reducción en sus gastos por otros 16 años, que es el tiempo de vida promedio de estos equipos.
4. Los biocombustibles. Desde los consumidores existe una profunda preocupación y rechazo a que la producción de alimentos sea dirigida a la producción de etanol. El Banco Mundial señala que el 65% del aumento de los precios en alimentos ha llevado a cientos de millones de personas al nivel de pobreza alimentaria. No puede permitirse que tierras o cosechas que pueden alimentar a los hambrientos sean destinadas a la producción de etanol para abastecer de gasolina a los automóviles. La Ley de Biocombustibles y su reglamento establecen que el maíz sólo puede dirigirse a la producción de etanol si existieran excedentes. Esta disposición debería extenderse a cualquier tierra o cultivo destinado a la producción de alimentos. El destinar tierras de cultivo a la producción de biocombustibles significa la reproducción de un sistema que mantiene el modelo de hiperconsumo para unos cuantos, excluyendo a cientos de millones de personas del acceso a los alimentos.
5. Las energías renovables deben generar equidad social. Los consumidores están cada vez más interesados en poder contribuir, con la elección que realizan en sus compras, a construir un mundo con mayor equidad social. Las poblaciones de las zonas ricas en petróleo, en su mayoría, se encuentran sumidas en la pobreza. Han sido excluidas de los beneficios, de la riqueza generada con los recursos de sus territorios. La conflictividad disparada en el Istmo de Tehuantepec con los parques eólicos es una manifestación de procesos poco transparentes, no estandarizados, de tratos con las comunidades. La propuesta es establecer, en consulta con las comunidades, los estándares mínimos para los convenios entre comunidades y empresas, así como apoyar los proyectos de producción eolo-eléctrica con modelos de cooperativas.
6. Participación de los usuarios en los órganos reguladores. La industria eléctrica, tanto si se trata de un monopolio estatal como de un conjunto de empresas privadas, tiende a realizar prácticas que afectan a los usuarios, tanto por corrupción como por la fijación de precios bajo prácticas oligopólicas. Por experiencia internacional, la participación de los usuarios en los órganos reguladores contribuye a evitar este tipo de prácticas. Por ello, debe establecerse, por ley, la participación de los usuarios en los órganos que regulan el servicio de energía eléctrica.
El gobierno mexicano ha tomado una posición de liderazgo en la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sin embargo, eso contrasta con su política interna ya que no existen instrumentos (programas, leyes, reglamentos) que correspondan con esa posición internacional. Incluso los pocos instrumentos desarrollados carecen de herramientas efectivas para el desarrollo de la transición energética. Esta transición no será viable mientras no existan dichos instrumentos, mientras los consumidores carezcan de herramientas efectivas para actuar y ser parte del combate al cambio climático.
(El Foro México hacia el 2020: Cambio Climático y Transición Energética fue organizado por la Red por la Transición Energética, de la cual forma parte El Poder del Consumidor.)