Urge una política de eficiencia energética

8 abril, 2013 | : Contaminación del aire

8 abril 2013. Durante la conmemoración del 75 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente de México advirtió que las tendencias actuales de consumo nos convertirán en un país “deficitario” de energía para el año 2020, es decir que consumiremos más petróleo del que producimos. Por ello, señaló la urgencia de impulsar tres principios en el campo de los energéticos: eficiencia, seguridad y sustentabilidad.

Difícilmente se podrían cuestionar tales principios y menos aún su jerarquización. La polémica seguramente estará en cómo se decida instrumentar las estrategias. Y sobre todo, cómo se alcanzará el cambio en el modelo energético, ya que México sigue resolviendo sus necesidades energéticas con el uso intensivo de combustibles fósiles (en 89%) y de manera muy marginal ha impulsado el aprovechamiento de energías renovables y el consumo eficiente entre los consumidores.

La eficiencia es un tema crucial que no ha enraizado en nuestra cultura nacional por la falsa creencia de que al ser un país petrolero debemos casi regalar el combustible. Esta falacia se refuerza al mantener fuera del precio de los combustibles fósiles la consideración de que se trata de un recurso no renovable; además, no se incorporan los costos ambientales que ocasionan la extracción y procesamiento del petróleo ni los impactos a la salud que genera el consumo masivo de gasolinas en las principales ciudades.

Una variable adicional es el bajo precio de los combustibles que se ofrecen a diversas industrias, lo cual inhibe cualquier interés de este sector por alcanzar una mayor eficiencia energética.

El resultado de lo anterior es todo lo contrario al “consumo más responsable e inteligente” que hoy propone el presidente Enrique Peña Nieto. El resultado es un despilfarro creciente. Datos oficiales indican que el consumo promedio de energía por mexicano aumentó 16% entre los años 2003 y 2008.

En términos de intensidad energética (la cantidad de energía que empleamos por cada fracción del Producto Interno Bruto), hasta el año 2000 nos ubicábamos por debajo de Paraguay, Venezuela, Ecuador, Jamaica, Canadá, Panamá, Chile, Brasil y Colombia, sólo en nuestro continente. Al margen de los discursos, estos datos revelan la dimensión del problema.

De mantenerse tal escenario, no habrá riqueza energética que alcance ni estrategia productiva que funcione. Por ello, efectivamente, es indispensable una política de fomento a la eficiencia, la cual deberá incluir la eliminación de los subsidios a gasolinas y otros insumos energéticos, así como una norma de eficiencia para coches nuevos no diseñada al gusto de la industria automotriz sino acorde a las tendencias internacionales, pues mientras la Unión Europea y Japón aspiran a un promedio de 20 kilómetros por litro de combustible para el año 2015, nosotros deberemos conformarnos con llegar a 14.9 para el 2016 (porque así lo pidieron las armadoras).

En cuanto a eliminar los subsidios al combustible, ciertamente no es una medida que goce de popularidad. Tan solo el incremento mensual de unos centavos al precio del litro de diesel y de las gasolinas ocasiona protestas y afirmaciones de que tal medida es un detonador de la inflación, que golpea a los que menos tienen y que es inaceptable en un país petrolero.

Sin embargo, hay datos que muestran que este aumento es indispensable

a) para la salud financiera de México,

b) para recuperar recursos que deberían fortalecer los programas sociales,

c) para estimular el uso eficiente de los combustibles y

d) para impulsar acciones que contribuyan a reducir la generación de contaminantes.

Por principio habría que insistir en que dicha alza periódica al precio de los combustibles es, en realidad, una disminución en el subsidio. Cada año las finanzas públicas están desviando una importante fracción del presupuesto federal en beneficio de quienes conducen un automotor y ese monto ascendió durante el sexenio pasado a $737,000 millones de pesos. Cabe añadir que casi la mitad de las gasolinas que se venden en el país son importadas (47%), y que las variaciones de precios obligaron al gobierno mexicano a subir en 400% el gasto por esa adquisición entre 2005 y 2009.

En términos comparativos, el subsidio a la gasolina fue equivalente en 2010 al gasto de toda la educación media superior del país, y superó el monto destinado al programa Oportunidades. Ya en 2012 fue similar a toda la recaudación fiscal correspondiente al IVA.

Además, semejante gasto no ha favorecido a los grupos sociales más pobres, como algunos pudieran pensar. Un estudio del CIDE publicado en 2012 señala que la décima parte de la población con más bajos ingresos se beneficia con sólo 2.7% de los subsidios a las gasolinas, mientras que los tres deciles con mayores ingresos reciben respectivamente 13%, 15.5% y 24% del subsidio, para sumar un total de 52.5%. Esto suele ser el resultado de los subsidios generalizados, que no seleccionan a los grupos de la población que requieren mayores ayudas.

Entre los países de la OCDE, solamente Kazajistán, la Federación Rusa y Ecuador venden la gasolina a un precio inferior al de México. Todos los demás países manejan precios más realistas. Esto incluye a Perú, Panamá, Surinam, Colombia, Honduras, Argentina, Costa Rica, Chile, Granada, Barbados, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, y Brasil. Por ejemplo, este último vendía en 2010 el litro de gasolina a $1.45 dólares, mientras México lo ofrecía al público a $0.65 dólares.

La experiencia revela que manejar los combustibles a su precio real, así como añadirle un sobreprecio para compensar los daños ambientales y de salud que ocasiona su combustión, provoca un cambio en el consumo, de manera que los automovilistas utilizan menos el coche o adquieren vehículos más eficientes. Además, los fabricantes automotrices tienden a ofrecer modelos con mayor rendimiento.

En ese sentido, el Centro Mario Molina ha estimado que eliminar los subsidios a diesel y gasolinas permitiría una reducción de 23% en el consumo de estos combustibles para el año 2020, lo cual implicaría una disminución de 24 millones de toneladas de emisiones contaminantes, en beneficio de la salud de la población.

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Artículo de Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor, con la colaboración de Gerardo Moncada, nuestro director de Transporte Eficiente y Calidad del Aire, publicado en EmeEquis > ir

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