Por la suspensión inmediata de Supervía Poniente

7 diciembre, 2011 | : Infraestructura urbana, Transporte eficiente

6 diciembre 2011. Ante la resolución de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, que el pasado 2 de diciembre anuló la autorización ambiental al proyecto de la Supervía Poniente, organizaciones sociales pidieron al Gobierno del Distrito Federal la suspensión inmediata de esta obra y restablecer el respeto a las disposiciones legales que fueron violentadas al autorizar este proyecto.

Las asociaciones AlConsumidor, Alternativas y Capacidades, Alarbo y El Poder del Consumidor señalaron que esta resolución evidencia una vez más la serie de irregularidades que han acompañado la construcción de la Supervía y avala la recomendación emitida en enero de este año por la Comisión de Derechos Humanos del DF que solicitaba suspender la obra en tanto se realizaba una consulta pública bajo los lineamientos de la Ley de Participación Ciudadana.

Destacaron que el señalamiento de la Sala del Tribunal es claro en el sentido de que la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal “violó los derechos de los actores relativos a la seguridad jurídica, información y participación”, pues esta dependencia “tenía la obligación no sólo de informar a la población respecto del proyecto que se encontraba integrando, sino además de consultarlos para que éstos tuvieran la debida participación respecto a la viabilidad de la misma”.

La petición de consulta pública ha sido recurrente por parte de ciudadanos y organizaciones civiles desde que se anunció el proyecto de la Supervía Poniente; sin embargo, las autoridades se negaron sistemáticamente a aceptar esta petición argumentando que no tenían obligación de realizarla.

Ya en su Recomendación 1/2011, la Comisión de Derechos Humanos del DF solicitó al gobierno local elaborar un diagnóstico sobre necesidades de movilidad que reflejara las prioridades sustantivas de habitantes y transeúntes de la zona sur-poniente de la Ciudad de México, así como valorar alternativas de movilidad sustentable de acuerdo con los resultados de dicho diagnóstico. La alternativa elegida requeriría una Manifestación de Impacto Ambiental “completa, elaborada y evaluada de acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal a la luz de los estándares internacionales más altos en la materia y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal”.

Ante la negativa del Gobierno del DF de efectuar una consulta ciudadana y mesas de análisis donde fuera posible analizar todos aspectos de este proyecto, grupos académicos y organizaciones civiles y vecinales han realizado foros públicos para exponer cómo la Supervía Poniente será un detonador de la especulación inmobiliaria en el poniente de la ciudad y no tendrá utilidad para mejorar la movilidad urbana.

«Otras ciudades en el mundo que apostaron hace décadas por la entronización del automóvil, demuelen hoy estas carreteras anacrónicas para garantizar un transporte público sustentable y una mejor calidad de vida. Contra las mejores prácticas internacionales, mediante el abuso de autoridad y de manera opaca e ilegal, el GDF y unas cuantas empresas promueven con la Supervía una ‘solución’ ecocida que exacerbará el cáncer inmobiliario y transformará la Ciudad de México en una especie de Apartheid urbano», señaló Daniel Gershenson, director de AlConsumidor, A.C.

A esos aspectos se han sumado señalamientos de especialistas que han cuestionado esta obra por sus impactos ambientales e incluso por su inviabilidad financiera.

”El proyecto de la Supervía no ha resistido el análisis de expertos calificados en los pronósticos de aforo de vehículos y recuperación de inversión. Con el monto millonario que requiere, se podría generar un transporte público de calidad para atener 650,000 pasajeros al día en las ocho principales vialidades que enlazan el sur-poniente con el resto de la ciudad”, comentó Gerardo Moncada, nuestro coordinador de Transporte Eficiente en El Poder del Consumidor.

El fallo de la Sala del Tribunal dio la razón a la demanda interpuesta por Greenpeace, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” OPAC y Litiga Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (LITIGA OLE), que expusieron la ilegalidad de no someter a consulta pública la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Supervía Poniente”, como lo establece el artículo 50 de la Ley Ambiental del DF.

Al quedar sin validez un documento básico, como la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, las autoridades capitalinas deberían restablecer el respeto pleno a la ley suspendiendo de inmediato las obras de la Supervía y comenzando un proceso de consulta pública amplia e informada.