Hasta ahora, ha violado el derecho de la infancia a la salud

26 julio 2010. El pasado 22 de julio, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitió un dictamen que pone en peligro la propuesta para regular los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas de educación básica. Por ello, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y de los consumidores se unieron para exigir al Estado mexicano se responsabilice de la violación que por omisión ha venido cometiendo contra el derecho a la salud de los niños, al permitir que el sobrepeso y la obesidad hayan avanzado hasta llevar a la infancia de nuestro país a ocupar el primer lugar mundial en este mal.

“Los índices de sobrepeso y obesidad alcanzados por la población infantil mexicana es la prueba de que el derecho a la salud de la infancia no ha sido resguardado, especialmente en los espacios donde el Estado tiene la capacidad de actuar, como el espacio escolar, la publicidad dirigida a la infancia y la regulación de los etiquetados. El debilitamiento paulatino de la regulación propuesta, a causa de las presiones empresariales, expresado en este momento por las recomendaciones emitidas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, es una manifestación más del privilegio que se le da a los intereses empresariales sobre los derechos esenciales de la infancia”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, organización miembro de “Consumidores”.

Juan Martín, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, red que agrupa a más de 60 organizaciones que trabajan en México defendiendo los derechos de los menores, señaló: “El derecho constitucional de los niños a la salud es un derecho violado -por omisión- por el gobierno mexicano que está obligado a resguardarlo, especialmente en el caso de un sector reconocido como vulnerable y que requiere de cuidados especiales: la infancia. No solamente se viola la Constitución, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que 'la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales', también la Declaración de los Derechos de los Niños que señala: 'El niño gozará de una protección especial… para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable', y la Convención sobre los Derechos de la Infancia que obliga a los estados a proteger 'el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud', entre otros instrumentos internacionales y nacionales”.

La regulación, desde que fue presentada públicamente, ha sido mutilada por la acción de los intereses empresariales. Entre la presentación pública del proyecto y su entrega a Cofemer, desaparecieron del documento los listados que establecían qué tipo de alimentos no podrían ser vendidos ni ofrecidos en las escuelas. Así, permanecerá en los planteles escolares la mayor parte de la comida chatarra.

La segunda mutilación es la que pretende hacer la Cofemer con las recomendaciones que emitió para modificar de la regulación propuesta por la SEP y SS en las que hace suyas las demandas de las grandes empresas productoras de bebidas y alimentos. Recomendaciones que, de ser aplicadas, mantendrían a las escuelas como un ambiente obesigénico (citando al Instituto de Salud Pública), es decir, como fábricas de obesos.

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de El Barzón, apuntó: “Es una mentira de las grandes empresas el argumento de que se perderán empleos con esta regulación, sucederá todo lo contrario. Si las escuelas son abastecidas con frutas, verduras y cereales de la región, se fortalecerá la economía local, al comprar a los productores de la zona y se quedará el dinero en las propias comunidades. Se formarán cadenas de producción-comercialización que hasta ahora son impedidas por el control y dominio de la comida chatarra industrializada”.

Dolores Rojas, coordinadora de campañas de Oxfam México, miembro de “Consumidores”,  señaló: “La comida chatarra no sólo tiene una muy importante responsabilidad en la epidemia de sobrepeso y obesidad, sino también en la desnutrición en la que se encuentran cientos de miles de niños en las comunidades rurales, donde la presencia de estos productos, reforzada por una intensa publicidad, está provocando tanto un deterioro de los hábitos alimentarios, sustituyendo a alimentos nutritivos, como una extracción multimillonaria de recursos a las comunidades”.

Por su parte, Daniel Gershenson, presidente de Alconsumidor, organización miembro de “Consumidores”, declaró: “Es vergonzoso que la autoridad en México siga sin entender sus funciones, se mantenga capturada y actúe en función de intereses privados que atentan directamente contra los derechos y el bienestar de los niños. Nuestro país no puede seguir siendo la gran excepción universal, donde el interés público brilla por su ausencia y los reguladores son rehenes de consorcios voraces e inescrupulosos”.

En la conferencia de prensa se leyó parte del comentario enviado por Coca Cola a la Cofemer, en el que la empresa señala que la regulación propuesta y sus criterios “violentan la Constitución, son excluyentes, discriminatorios e inequitativos; complejos de aplicar y supervisar; no responden al objeto que pretenden; su aplicación requiere de normatividad adicional; la complejidad de instrumentarlos y supervisarlos propicia impunidad e informalidad”. Las organizaciones destacaron que Coca Cola ha debido acatar regulaciones más estrictas en varias naciones, como la impuesta por el Ministerio de Salud de España la semana pasada, que tomó la decisión de sacar estas bebidas de las escuelas, como una medida urgente de política de salud pública.