El gran perdedor es la salud pública
19 septiembre 2008. El código que presentará el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar A.C., integrada por las principales empresas de alimentos procesados) sólo permitirá que las empresas continúen explotando “la credulidad e inexperiencia” de los niños a través de la publicidad de alimentos y bebidas, y degradando sus hábitos de alimentación.
“Detrás de esta iniciativa están las empresas que se han encargado de boicotear en el Congreso Federal y en los congresos estatales todo tipo de regulación a la comida chatarra. La experiencia histórica muestra que la autorregulación no es efectiva y así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
Aunque la experiencia española de autorregulación (Código PAOS) ha tenido ciertos logros, éstos son limitados frente a una regulación gubernamental. Más aún, la propuesta mexicana de autorregulación dista mucho de la española ya que no comprende ningún tipo de sanción económica ni el establecimiento de jurados imparciales, conformados por profesionales que no tengan ningún conflicto de intereses. El Código PAOS establece sanciones de hasta 180,000 euros y órganos con representación independiente como el Gabinete Técnico de Autocontrol que examina la publicidad antes de salir al aire.
Varias de las empresas que ahora suscriben el código de autorregulación en México ya conocen las ventajas de este esquema, pues al hacer lo mismo en Estados Unidos hace 30 años las autoridades les dejaron al campo libre para impulsar campañas multimillonarias dirigidas a manipular a los niños. El propio presidente de la Conar, Raúl Rodríguez, reconoció hace unos días que la autorregulación “busca evitar leyes o reglamentos externos que sobrerregulen a las empresas”.
Tras evaluar el impacto de la publicidad de alimentos y bebidas sobre los niños, la OMS advirtió en 2006 que “la autorregulación no es suficiente”. En Estados Unidos, el Public Health Advocacy Institute concluyó que “no es efectiva en el contexto de la cada vez más grave epidemia de obesidad y sus impactos dañinos en los niños”.
“La obligación de regular la publicidad corresponde al Estado ya que éste es el garante del derecho a la salud de todos los mexicanos. Los poderes ejecutivo y legislativo han fallado en velar este derecho y prohibir toda publicidad que contribuya al deterioro de los hábitos alimenticios y a la malnutrición, que tiene dos caras en nuestro país: el sobrepeso y la obesidad, por un lado, y la desnutrición, por el otro”, señaló Alejandro Calvillo.
